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Segunda ola, historia de un error

por | 26 agosto 2020 | Opinión

El 80% de las bodas valencianas programadas para 2020 han sido canceladas por los sufridos novios, esto es un ejercicio de responsabilidad individual, pero arroja un 20% de población que cree que su vida no debe estar condicionada por la realidad que transita. Éste es sólo un ejemplo de lo que han hecho las administraciones tras el estado de alarma: dejar en manos de la responsabilidad individual lo que quizás deberían haber normativizado, aun con medidas impopulares, cuando la salud pública lo requería. 

España es el estado de la Unión Europea con más casos diagnosticados de coronavirus por cada 100.000 habitantes en los últimos catorce días. Son 173. Y no es porque aquí hagamos más test que en el resto del viejo continente, y por ello detectemos más, ya que Reino Unido hace 2.390 test al día por cada millón de habitantes y Alemania realiza 1.490, aquí hacemos 1.465. A pesar de la crudeza de lo acontecido en marzo, puede ser admisible por su extrema excepcionalidad, pero que sucediese algo similar en otoño, tras varios meses para activar las medidas necesarias, podría provocar una crisis de credibilidad en la política institucional de consecuencias nefastas.

Las razones del aumento español se explican por diversos factores, que arrancan tras el fin del confinamiento, decretado por el Gobierno central. Nuestro país fue el que cumplió el estado de alarma con mayor eficacia, los niveles de movilidad se redujeron hasta el 80%. Hicimos los deberes porque nos dijeron con claridad cómo afrontar una pandemia global. Cuando el confinamiento finalizó, el paradigma cambió, y entraron en juego nuevas dinámicas de gestión: normativas laxas, difusas, consensuadas con lobbies patronales presionando a los políticos autonómicos, una muy mejorable comunicación institucional que no llegó nunca a ser comunicación social (adolescentes y jóvenes quedaron al margen, sus canales ya son otros), las pésimas condiciones de hacinamiento a las que algunos empresarios agrarios han sometido a los temporeros, la sobrecarga en los laboratorios que ha impedido realizar suficientes PCR y por tanto un retraso en la detección inmediata, la incapacidad para hacer cumplir las cuarentenas, en definitiva, una insuficiencia estructural del sistema unida a una dejación de responsabilidades por parte de algunas administraciones públicas, cargando el peso en la responsabilidad individual.

De haber completado ya un estado federal, como Alemania, los presidentes regionales tendrían aún más mecanismos (quién sabe si las aptitudes), de acuerdo a la legislación y los órganos competentes, para decretar normativa extraordinaria sin que un grupo de presión pudiera paralizarlo por vía judicial. No todas las CC.AA. han actuado igual, la inversión en rastreadores, el número de test, las aplicaciones digitales y las políticas de comunicación han sido diversas en cada territorio, pero aquellos núcleos poblacionales con mayor densidad se han mostrado menos eficientes y son, justamente, los que han hecho aumentar la media española. Madrid y Barcelona (Catalunya), junto a sus áreas metropolitanas (la gestión de Ayuso es una antología del disparate, y ambas acusan la desinversión sanitaria sistémica aplicada por PP y Convergència), Aragón (ciudad de Zaragoza) y Euskadi, no aguantan, por ahora, análisis comparativo con otras CC.AA., de distinta ideología, como València (PSPV-Compromís- Podemos), Galicia (PP), Murcia (PP), Asturias (PSOE) o Andalucia (PP-Ciudadanos), aunque algunas de estas tienen una media mucho menor de test PCR realizados.

En este país la patronal del ocio nocturno, no confundir con la cultura, consiguió que reabrieran las discotecas y bares de copas, en Reino Unido y Francia llevan cerradas desde marzo, las italianas y alemanas sólo abren si están ubicadas al aire libre, pero las transalpinas han cerrado de nuevo, y el alcalde de Múnich amenaza con prohibir el alcohol en horario nocturno, con una incidencia de 35 casos por cada 100.000 habitantes. Madrid tiene 365, Aragón 440 y Euskadi 302. Nuestras costumbres y hábitos sociales, alejados de los países al norte de los Pirineos, no ayudan a la contención vírica, Italia, con quien compartimos maneras de vivir, tiene por ahora datos menores, ellos mantienen un estado de emergencia, suavizado, hasta el 15 de octubre, pero tras la festividad de Ferragosto (15 de agosto), apogeo vacacional con muy alta movilidad, llegaron a los 1.200 casos diagnosticados diarios el pasado día 23.

Las administraciones, a las que hemos cedido el monopolio de la sanción y la coerción, permitieron o siguen permitiendo bodas multitudinarias, corridas de toros, celebraciones de ascensos y títulos deportivos, simulaciones sanfermineras, conciertos sin mascarilla, manifestaciones negacionistas, misas en espacios cerrados, zonas de ocio abarrotadas o aglomeraciones en el metro. La responsabilidad recae en la falta de una normativa municipal y autonómica valiente, que priorice lo estructural y el medio plazo.

El Gobierno central aprobó un fondo de 16.000 millones para las CCAA, y la Unión Europea acaba de dotar a España con 21.300 millones para ERTES y cese de actividad de autónomos, y hay otros 140.000 millones en ayudas directas y préstamos de Europa dirigidos a nuestro país. ¿Para qué creían los sectores empresariales, basados en las congregaciones de ciudadanos, que era parte de ese dinero sino para mantener su andamiaje, mientras las autoridades los mantuviesen cerrados este verano por ser un vector principal de contagio?

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