València, fase 0: historia de un agravio que nunca existió

por | 12 mayo 2020 | Opinión

Ana María García es una médica valenciana. También es catedrática en Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universitat de València e investigadora del Centro de Investigación en Salud Ocupacional de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, además de haber sido directora General de Salud Pública de la Generalitat Valenciana de 2015 a 2019. El pasado sábado explicó, en una breve entrevista en À Punt, por qué algunas zonas sanitarias de la Comunitat Valenciana aún no presentaban los parámetros necesarios para avanzar de fase, pero su opinión pasó desapercibida.

Antes de que se conociera que el territorio valenciano no pasaría íntegramente a la fase 1, existía cierto consenso en que la gestión de la Generalitat Valenciana era certera (y así se puede calificar ciertamente), y que los criterios, estrictamente sanitarios, de Fernando Simón y el Ministerio de Sanidad eran los que marcaban rigurosamente el devenir de la desescalada. Pero llegó la afrenta centralista, y comenzaron los análisis políticos de agravio ante otras CCAA. Quienes antes avalaban la gestión sanitaria ministerial, basada exclusivamente en criterios objetivables, se convirtieron en referentes del uso político de una pandemia: nuestra responsabilidad política es la de los logros, las decepciones que las gestione otro.

València y otras zonas se quedaban fuera de la fase 1 por “factores asociados a la transmisión de la pandemia” y “el principio de prudencia” según Simón. Estos, como conceptos volubles en ciencias políticas, fueron rebatidos por jefes de gabinete, cargos municipales, ideólogos y militantes políticos, entre otros, generando un bullicio en redes: España nos maltrata. Al profundizar en datos, y remitir en dogmatismo, hallamos la justificación de la medida, que hoy reconoce la consellera Barceló. El informe de la Generalitat Valenciana reportó sólo un 23% de test PCR a las sintomatologías sospechosas (leves), lo que unido a la densidad poblacional y la movilidad de zonas como València-área metropolitana o Alicante-Elche, en relación a sus capacidades sanitarias asistenciales, no sólo en hospitales sino en centros de atención primaria, convertían en razones ministeriales objetivables que no toda la Comunitat Valenciana entrara en la fase 1. Ese criterio de movilidad estaba recogido en el plan de desescalada aprobado en el Consejo de Ministros desde el 28 de abril.

El comité de expertos entiende que un desconfinamiento sin rebrotes, que comportarían nuevos confinamientos, consiste en tener la capacidad de rastrear a todos los contactos de los contagiados para aislarlos, y eso, hoy por hoy, ofrece menores garantías en estos núcleos poblacionales. Simón añadió hace unos días, “La Comunitat Valenciana tiene un número nada desdeñable de casos sospechosos a los que no se les ha hecho un test diagnóstico”.

Desde la Generalitat Valenciana alegaron que este nuevo criterio de rastreo de sospechosos se incluyó como factor determinante a última hora, e indicaron que comenzaron a aplicarlo desde este lunes, pero el 4 de mayo el Ministerio de Sanidad lo reclamó como imprescindible en el Consejo Interterritorial de Salud, y Euskadi los aportó en su informe. Según los datos del ministerio, la tasa PCR por cada 1.000 habitantes en el País Vasco se sitúa en 57,37, mientras que València ha realizado 26,71, siendo la media estatal de 34,51 test. Simón confirmó, “Euskadi cumplía los objetivos para el cambio de fase. Estaba perfectamente habitado para pasar a la fase 1, tienen unas capacidades muy potentes, y una situación epidemiológica favorecedora con niveles de transmisión muy bajos, todo Euskadi estaba en situación de pasar de fase”. Más datos que reafirman la decisión del Gobierno de España, y que se recogen en el informe del Consell, es que sólo al 17% de los nuevos contagios se le había realizado seguimiento de contactos cercanos (en potencial riesgo), y que hasta un 98% de los nuevos contagios correspondían a personas que no son contactos de anteriores casos de Covid-19. Es decir, cuando el ministerio decidió los cambios de fase no existían datos que pudieran dar a conocer la trazabilidad del contagio en València y el resto de grandes ciudades de nuestro territorio.

Para quien busque agravios, ahí están la infrafinanciación estructural o el reparto por peso poblacional de los 16.000 millones de euros del fondo no reembolsable del Estado a las CCAA. Pero, ahora que ya conocemos qué significaban esos “factores asociados a la transmisión de la pandemia”, esgrimidos primero por la doctora valenciana Ana María García, y después por Simón, quizá es el momento de aplicar el principio de prudencia política antes de alimentar un falso sentimiento de agravio a la ciudadanía valenciana donde sólo hay criterios sanitarios para evitar rebrotes.

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